Micaela Flores recuerda vívidamente el día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cuzco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y luego la operaron para dejarla estéril.

"Me llevaron adentro jalándome entre dos. 'Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito"', le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. "Yo dije, 'no señora, yo no puedo hacerme eso'... Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con ligas de jebe, me pusieron la anestesia".

Flores es una de 2,000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de "planificación familiar", emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996.

El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300,000 mujeres, según información del propio Gobierno.

Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado, bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el Gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad, y por tanto no será prescriptible.

Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso, y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.

El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realizar una investigación a nivel nacional.

La fiscal Chamorro, no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba "evaluando el expediente", un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.

Chamorro dijo, que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.

El Fiscal de la Nación, José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP, pese a reiterados llamados.

"¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de salud, la defensoría del pueblo nos han cerrado la puerta?